Durante el semestre de primavera de 2021, dos entradas no autorizadas en residencias estudiantiles de la Southwestern Oklahoma State University plantearon interrogantes sobre la seguridad del campus, la transparencia institucional y la información que las universidades deben proporcionar a sus estudiantes.
Los incidentes estaban documentados en expedientes judiciales e implicaban a la misma persona, que había entrado en dos edificios residenciales universitarios diferentes en cuestión de semanas. A pesar de la reiteración de los hechos, la universidad no informó directamente a la mayoría de los estudiantes y residentes.
Por tanto, la cuestión principal no era únicamente qué había ocurrido, sino por qué los estudiantes no habían sido advertidos.
Entradas reiteradas en alojamientos universitarios
Según los expedientes judiciales disponibles en aquel momento, Brandon Woods fue detenido por el Departamento de Policía de la SWOSU el 24 de febrero de 2021 después de entrar sin autorización en Henrietta Mann Hall.
Los documentos indicaban que había accedido al edificio para utilizar una ducha situada en la cuarta planta, una zona ocupada por residentes mujeres.
Una residente de aquella planta se puso posteriormente en contacto con The Southwestern y afirmó que no se había enterado del incidente cuando ocurrió. Solo tuvo conocimiento de él varias semanas después, al leer una cobertura anterior del periódico.
Para los residentes, la preocupación iba más allá de la clasificación jurídica del incidente. Una persona que no estaba autorizada a encontrarse en el edificio había conseguido llegar hasta una planta residencial sin que los estudiantes fueran informados posteriormente.
El 15 de marzo se produjo un segundo incidente. Los expedientes judiciales señalaban que Woods fue encontrado en un baño del complejo universitario de viviendas para estudiantes casados y volvió a ser detenido.
El 10 de abril lo fotografié caminando por el campus de la SWOSU con una toalla sobre el hombro. En el momento en que se publicó la investigación, los registros judiciales también mostraban una orden de detención relacionada con una incomparecencia ante el tribunal.
Cómo se realizó la investigación
La historia no podía establecerse únicamente a partir de rumores entre los estudiantes.
Comencé consultando las entradas disponibles públicamente en la Oklahoma State Courts Network. Después solicité y revisé los expedientes correspondientes del tribunal del condado de Custer para determinar la secuencia de los acontecimientos, las acusaciones presentadas y las circunstancias descritas por las autoridades.
La investigación combinó varias formas de trabajo periodístico:
- Investigación en registros públicos y documentos judiciales
- Testimonio de una residente estudiantil
- Preguntas directas a la administración universitaria
- Revisión de los argumentos de seguridad expuestos por la universidad
- Fotografías originales tomadas en el campus
- Investigación sobre las normas federales de información en materia de seguridad universitaria
Este proceso permitió ir más allá de las especulaciones y preguntar directamente a la universidad por qué no se había informado a los residentes.
Por qué la universidad decidió no emitir una advertencia
Brian Adler, que en aquel momento ocupaba el cargo de vicepresidente de Relaciones Públicas y Marketing de la SWOSU, confirmó que los responsables de la universidad habían considerado la posibilidad de avisar a los estudiantes.
Según Adler, el departamento de Residence Life debatió la posibilidad de colocar una fotografía en las entradas de los edificios residenciales. Sin embargo, los responsables universitarios decidieron finalmente no hacerlo porque consideraban que los incidentes constituían infracciones de una orden de prohibición de acceso, y no pruebas de que la persona representara una amenaza directa de daño o violencia.
En lugar de emitir una advertencia específica, la universidad optó por destacar medidas generales de seguridad. Se recordó a los residentes que debían asegurar las puertas y sus pertenencias personales y permanecer atentos a su entorno.
Desde la perspectiva de la administración, una alerta más amplia podría haber provocado un temor innecesario entre los estudiantes y sus padres cuando no se había denunciado ningún acto violento ni ninguna amenaza explícita.
Esta explicación respondía a la pregunta de por qué no se había enviado una advertencia. Sin embargo, no resolvía por completo si la decisión había sido adecuada.
La cuestión de la seguridad de los estudiantes
Ninguno de los dos incidentes documentados en las residencias implicó una agresión, un robo o una amenaza directa contra un estudiante.
No obstante, la presencia reiterada de una persona no autorizada en alojamientos estudiantiles generaba una preocupación legítima de seguridad pública. Las residencias universitarias no son edificios públicos ordinarios. Los estudiantes viven y duermen en ellas y esperan que exista un cierto control sobre el acceso.
Una notificación o una fotografía podría haber ayudado a los residentes a identificar y denunciar a una persona no autorizada si regresaba. También habría permitido que los estudiantes adoptaran precauciones adicionales basándose en información concreta, en lugar de recibir únicamente consejos generales de seguridad.
Al mismo tiempo, cualquier comunicación de este tipo habría tenido que evitar presentar las acusaciones como hechos probados o sugerir, sin pruebas suficientes, que una persona representaba una amenaza violenta.
La cuestión exigía, por tanto, un difícil equilibrio entre transparencia, seguridad, privacidad y presunción de inocencia.
¿Exigía el Clery Act una advertencia?
La investigación también examinó la Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act.
La ley federal obliga a las universidades y centros de educación superior participantes a mantener y publicar determinada información sobre delitos y seguridad en los campus. Sus obligaciones incluyen informes anuales de seguridad, estadísticas sobre delitos en el campus, registros diarios de delitos para instituciones con departamentos de policía o seguridad propios y determinadas formas de notificación de seguridad.
Sin embargo, no todos los delitos denunciados generan automáticamente una obligación federal de emitir una advertencia oportuna.
Las directrices federales vinculan las advertencias obligatorias con delitos sujetos a notificación conforme al Clery Act, cometidos dentro de la zona geográfica definida por la institución, cuando la universidad determina que el incidente representa una amenaza grave o continuada para los estudiantes o empleados.
Las acusaciones examinadas en esta historia se referían principalmente a entrada no autorizada, incumplimiento de una orden de prohibición de acceso y cargos relacionados con drogas. La entrada no autorizada no figura por sí sola entre las principales categorías de delitos notificables conforme al Clery Act que obligan automáticamente a considerar una advertencia oportuna.
Por tanto, la investigación no pudo establecer una infracción inequívoca del Clery Act.
Esta conclusión jurídica no puso fin al debate más amplio. La legislación federal define obligaciones mínimas. Las universidades pueden adoptar políticas que permitan comunicar incidentes adicionales cuando los responsables consideren que hacerlo mejoraría la seguridad del campus.
La cuestión institucional más importante era si las entradas reiteradas y no autorizadas en distintos edificios residenciales justificaban informar a la comunidad afectada, aunque la legislación federal no exigiera estrictamente una advertencia.
Cumplimiento legal y responsabilidad institucional
Una universidad puede cumplir los requisitos mínimos de una ley y, aun así, enfrentarse a preguntas sobre su comunicación y su criterio.
Los responsables de la SWOSU concluyeron que los incidentes no mostraban una amenaza de violencia suficiente para justificar una advertencia en todo el campus. Sin embargo, algunos residentes consideraban que se les debería haber informado de que una persona no autorizada había entrado en su espacio residencial y había aparecido posteriormente en otro edificio residencial universitario.
Estas posiciones reflejan dos enfoques diferentes de la seguridad en los campus.
Uno prioriza evitar una alarma innecesaria cuando no existe una amenaza violenta documentada. El otro prioriza proporcionar a los residentes suficiente información verificada para que puedan reconocer una situación y tomar sus propias decisiones de seguridad.
El objetivo de la investigación no era declarar la culpabilidad de nadie ni afirmar que la violencia fuera inevitable. Consistía en examinar cómo había tomado la universidad su decisión, determinar qué información no se había comunicado a los estudiantes y preguntar si una mayor transparencia habría servido mejor a la comunidad universitaria.
Por qué esta investigación fue importante
La historia demostró el papel que puede desempeñar un periódico estudiantil al exigir responsabilidades a su propia institución.
Sin la investigación en registros públicos, las solicitudes de documentos judiciales, las fuentes estudiantiles y las preguntas directas a la administración, los dos incidentes podrían haber permanecido como hechos aislados conocidos únicamente por un número limitado de personas.
La investigación reunió ambos sucesos, documentó los argumentos de la universidad y proporcionó a los estudiantes la información necesaria para evaluar por sí mismos aquella decisión.
También ilustró una distinción esencial del periodismo de interés público: que una institución estuviera legalmente obligada a actuar no siempre es la misma cuestión que si debería haber actuado.
En este caso, esa distinción se encontraba en el centro de la historia.